La incorporación de pisos turísticos al mercado de alquiler no resolvería la escasez de oferta
El Gobierno ha lanzado una
ofensiva contra el alquiler vacacional y está preparando una serie de medidas
para regular los pisos turísticos. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y
Agenda Urbana, anunció el 3 de julio que ya están trabajando para aumentar la
regulación de este tipo de alquileres y modificar la ley de manera urgente. En Bamberry Real Estate te explicamos las
últimas novedades al respecto.
Sumar ha propuesto al PSOE
que incluya en los Presupuestos Generales del Estado de 2025 un incremento
fiscal para los pisos turísticos, sugiriendo aplicarles un IVA del 21%, lo que
disminuiría su rentabilidad frente al alquiler permanente.
Entre las medidas que
considera el grupo liderado por Isabel Rodríguez está la modificación de la Ley
de la Propiedad Horizontal (LPH) para permitir que las comunidades de
propietarios puedan vetar viviendas vacacionales. También se contempla la
creación de un registro único de inmuebles alquilados a través de plataformas
como Airbnb y Booking. Además, se planea limitar la duración de los contratos
de alquiler temporal y exigir una justificación para dichos alquileres.
La implementación de estas
medidas aún es incierta debido a la falta de detalles específicos. El objetivo
del Gobierno es mejorar el acceso a la vivienda y aumentar la oferta de pisos
en alquiler. Sin embargo, la intervención previa del Gobierno en el mercado de
alquiler ha reducido la oferta disponible.
Diferentes expertos y
agentes del sector del alquiler vacacional han expresado sus opiniones sobre
estas medidas, manifestando que el Ministerio debería comunicar los pormenores
para evaluar su efectividad, así como la necesidad de un marco regulador justo
que equilibre los intereses del sector turístico y las expectativas locales.
La creación de un registro
único de alquileres de corta estancia ha sido bien recibida por actores del
sector como FEVITUR y Airbnb, quienes creen que facilitará la claridad y el
cumplimiento de normas. No obstante, existe preocupación sobre posibles efectos
adversos de la regulación, como el aumento de la tensión entre vecinos y la
dificultad de justificar temporalidades no turísticas.
